Los pueblos originarios de la Amazonía peruana se levantan contra el gobierno. Desde abril, han venido cortando carreteras, ríos navegables e incluso oleoductos para protestar contra el pacto de libre comercio con Estados Unidos suscrito en febrero por el ejecutivo del Presidente Alan García. Consideran que se abre así la puerta a la privatización y explotación a gran escala de sus tierras por parte de empresas extranjeras madereras, mineras, agropecuarias y petroleras. Se ha declarado la “insurgencia”.

Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, explicó así el sentir de los indígenas:

El gobierno quiere tomar nuestras tierras y entregarlas a las grandes multinacionales del petróleo, la madera, el oro y otras riquezas codiciadas por los ricos del mundo.

Por ello, a pesar de que las autoridades peruanas han advertido que cualquier levantamiento podría ser condenado por sedición, y que los detenidos por las protestas enfrentarán condenas de entre 5 y 10 años, el mismo Pizango explicó que la declaración de insurgencia signfica el rechazo indígena a reconocer la autoridad del gobierno, por lo que cualquier conato de llevar las fuerzas de seguridad estatales a hacer frente a la situación será considerada “una agresión externa”. Se declaran dispuestos a sacrificar sus vidas por su tierra y anuncian que la protesta se radicalizará.

Los indígenas tienen toda la razón de estar preocupados: un estudio de la Universidad de Duke publicado el año pasado alertaba de que las tierras susceptibles de ser incluídas en contratos de explotación alcanzan aproximadamente el 72% de la selva peruana. El Presidente Alan García, además, ha priorizado las inversiones de empresas extranjeras en esa zona del territorio y no ha consultado ni atendido las reclamaciones indígenas a la hora de sellar esos contratos.

García declaró el estado de emergencia y la suspensión de algunos derechos constitucionales en cuatro provincias de la selva el 9 de mayo, un mes después de que los indígenas comenzaran sus protestas. Grupos por los derechos humanos y ambientalistas, la oficina del Defensor del Pueblo del Perú y hasta nueve obispos católicos de la región amazónica, se han puesto del lado de los insurgentes y piden la derogación de las leyes de libre comercio. Dicen que el gobierno debe respetar un acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo que protege el derecho de los pueblos originarios a ser consultados sobre el uso de sus tierras.

El Congreso debe debatir el tema la semana próxima.

Vía | news.yahoo.com
Fotografía | albertphotograph

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