Los pueblos originarios de la Amazonía peruana se levantan contra el gobierno. Desde abril, han venido cortando carreteras, ríos navegables e incluso oleoductos para protestar contra el pacto de libre comercio con Estados Unidos suscrito en febrero por el ejecutivo del Presidente Alan García. Consideran que se abre así la puerta a la privatización y explotación a gran escala de sus tierras por parte de empresas extranjeras madereras, mineras, agropecuarias y petroleras. Se ha declarado la “insurgencia”.

Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, explicó así el sentir de los indígenas:

El gobierno quiere tomar nuestras tierras y entregarlas a las grandes multinacionales del petróleo, la madera, el oro y otras riquezas codiciadas por los ricos del mundo.

Por ello, a pesar de que las autoridades peruanas han advertido que cualquier levantamiento podría ser condenado por sedición, y que los detenidos por las protestas enfrentarán condenas de entre 5 y 10 años, el mismo Pizango explicó que la declaración de insurgencia signfica el rechazo indígena a reconocer la autoridad del gobierno, por lo que cualquier conato de llevar las fuerzas de seguridad estatales a hacer frente a la situación será considerada “una agresión externa”. Se declaran dispuestos a sacrificar sus vidas por su tierra y anuncian que la protesta se radicalizará.

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