Vaya por delante que estos pájaros me caen muy mal, pero esta vez estoy de acuerdo con ellos: el jefe del Banco Mundial, Robert Zoellick, dijo hoy miércoles en Washington que era fundamental incluir a los pueblos indígenas en las conversaciones internacionales sobre cambio climático, en referencia a la COP15 de Copenhague, puesto que se cuentan entre los grupos más afectados por el calentamiento global y el cambio climático.

Las palabras de Zoellick, no obstante, difícilmente podrían haber sido de otro signo, más que nada porque se encontraba reunido con representantes de grupos indígenas y tribales de todo el mundo, así como organizaciones no gubernamentales, el sector privado y otros grupos dedicados a la lucha contra el cambio climático. El objetivo de esta mesa era poner las bases para la creación del Fondo de Acción Climática de los Pueblos Indígenas.

El cometido de este Fondo debería ser proporcionar financiamiento directo a las comunidades indígenas de todo el mundo más afectadas por el cambio climático. La idea es que el dinero ayude a capacitar (por cierto, palabra que odio) a las comunidades indígenas a la hora de influir en la toma de decisiones, tanto en sus países como en la arena internacional. El problema, no obstante, no es ése, para mí: es que nadie les hace ni caso, cosas de ser pobres y de vivir en armonía con recursos naturales muy apetecidos por todos…

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Los pueblos originarios de la Amazonía peruana se levantan contra el gobierno. Desde abril, han venido cortando carreteras, ríos navegables e incluso oleoductos para protestar contra el pacto de libre comercio con Estados Unidos suscrito en febrero por el ejecutivo del Presidente Alan García. Consideran que se abre así la puerta a la privatización y explotación a gran escala de sus tierras por parte de empresas extranjeras madereras, mineras, agropecuarias y petroleras. Se ha declarado la “insurgencia”.

Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, explicó así el sentir de los indígenas:

El gobierno quiere tomar nuestras tierras y entregarlas a las grandes multinacionales del petróleo, la madera, el oro y otras riquezas codiciadas por los ricos del mundo.

Por ello, a pesar de que las autoridades peruanas han advertido que cualquier levantamiento podría ser condenado por sedición, y que los detenidos por las protestas enfrentarán condenas de entre 5 y 10 años, el mismo Pizango explicó que la declaración de insurgencia signfica el rechazo indígena a reconocer la autoridad del gobierno, por lo que cualquier conato de llevar las fuerzas de seguridad estatales a hacer frente a la situación será considerada “una agresión externa”. Se declaran dispuestos a sacrificar sus vidas por su tierra y anuncian que la protesta se radicalizará.

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